El cártel de Jalisco ha respondido a su manera a la política del actual gobierno mexicano de “abrazos no balazos”: secuestrando a varios miembros de una fuerza policial de élite en el estado de Guanajuato, torturándolos para obtener los nombres y direcciones de colegas, y ahora está cazando y matando a policías en sus casas, cuando están en sus días libres, frente a sus familias.

Es un tipo de ataque directo a oficiales que rara vez se ve fuera de las naciones más plagadas de pandillas de Centroamérica, y representa el desafío más directo hasta ahora para la política del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de evitar la violencia y rechazar cualquier guerra contra los cárteles.

Pero dicho cártel del narcotráfico le ha declarado la guerra al gobierno con el objetivo de erradicar al Grupo Táctico, porque según el grupo criminal, trata injustamente a sus miembros.

“Quieren guerra, guerra van a tener, y ya les demostramos que ya los tenemos ubicados. Vamos por todos ustedes”, dice una manta impresa profesionalmente y firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación que este mes apareció colgada en un edificio en Guanajuato.

“Por cada miembro de nuestra empresa (CJNG) que remitan, se va a matar a dos tácticos de ustedes, en donde estén, en su casa, en patrullas o servicios fijos”, dice la pancarta, refiriéndose al cártel por sus iniciales.

Funcionarios de Guanajuato, el estado más violento de México, donde el CJNG lucha contra pandillas locales respaldadas por el cártel de Sinaloa, se negaron a comentar sobre cuántos miembros del grupo de élite han sido asesinados hasta ahora.

En el caso más reciente, la policía estatal reconoció públicamente que un oficial fue secuestrado en su casa el jueves, asesinado y su cuerpo arrojado en una carretera.

El analista de seguridad David Saucedo dice que ha habido muchos casos. “Muchos otros (oficiales) decidieron desertar. Se llevaron a sus familias, abandonaron sus domicilios y están escondidos y huyendo”. Agregó que el “CJNG está cazando a los policías de élite de Guanajuato”.

Es difícil encontrar el número de víctimas, pero Poplab, una cooperativa de noticias en Guanajuato, dijo que al menos siete policías han sido asesinados en sus días libres en lo que va de año. En enero, hombres armados fueron a la casa de una mujer policía, mataron a su esposo, se la llevaron a rastras, la torturaron y arrojaron su cuerpo acribillado a balazos.

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Guanajuato ha tenido la mayor cantidad de policías asesinados de cualquier estado mexicano desde al menos 2018, según Poplab. Entre 2018 y el 12 de mayo, un total de 262 policías han sido asesinados, o unos 75 cada año, más de los que mueren por disparos u otros ataques en promedio cada año en todo Estados Unidos.

El problema en Guanajuato se ha agravado tanto que el gobierno estatal publicó un decreto especial el 17 de mayo para proporcionar una cantidad no especificada de financiamiento para los mecanismos de protección de la policía y los funcionarios de prisiones.

“Lamentablemente ha ocurrido que integrantes de los grupos del crimen organizado se han presentado en los domicilios de las y los elementos policiales, lo que constituye una amenaza y un riesgo mayor de pérdida de vida, no sólo para ellos, sino también para las personas que conforman su núcleo familiar”, señala el decreto.

“Se han visto en la necesidad de cambiar de su domicilio de manera inmediata, a fin de no ser localizables por los grupos del crimen organizado”, añade.

Los funcionarios estatales se negaron a describir las medidas de protección, o a comentar si se iba a pagar a los agentes por el alquiler de nuevas viviendas, o si había planes para construir complejos especiales de viviendas seguras para ellos y sus familias.

“Esta es una guerra abierta contra las fuerzas de seguridad del gobierno del estado”, señaló Saucedo.

Cuando hizo campaña, López Obrador propuso reducir la violencia relacionada con el narcotráfico con una estrategia de “abrazos, no balazos” para abordar las causas profundas del crimen. Desde que asumió el cargo a finales de 2018, ha evitado enfrentarse abiertamente a los cárteles, e incluso liberó a un capo para evitar el derramamiento de sangre, diciendo que prefería una política de largo alcance para abordar problemas sociales como el desempleo juvenil que contribuye a que se unan a las bandas criminales.

Pero el exembajador de Estados Unidos en México Christopher Landau dijo en abril que López Obrador ve la lucha contra los cárteles de la droga “como una distracción... Así que básicamente ha adoptado una actitud de dejar hacer hacia ellos, lo que es bastante preocupante para nuestro gobierno, obviamente”.